Por Sara Raquel Roschdi
Los días 6 y 7 de junio de 2025, el Centro Laboral de la UCLA reunió a defensores, académicos y organizadores en Los Ángeles para debatir las repercusiones del programa de trabajadores invitados H-2A en las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Esta reunión binacional se centró en la exploración de estrategias para apoyar a los trabajadores agrícolas migrantes y luchar contra la explotación laboral incorporada en el programa de visados para trabajadores invitados H-2A.
Entender el contexto mexicano
El sitio programa de visados H-2Adiseñado para suministrar mano de obra agrícola temporal a Estados Unidos, depende en gran medida de la contratación en México, y San Quintín, Baja California, se perfila como un campo de entrenamiento clave para los trabajadores antes de entrar en el sistema laboral estadounidense. El Dr. Rubén Hernández-León inauguró la conferencia compartiendo los resultados de su investigación, señalando que muchos migrantes de estados como Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Jalisco viajan a San Quintín con la esperanza de obtener finalmente un visado H-2A. Los trabajadores guatemaltecos también se ven cada vez más involucrados en este proceso. A pesar de su importancia, existe una falta significativa de datos sobre los orígenes geográficos precisos de los trabajadores H-2A.
Una visión sorprendente de la dinámica de poder de esta migración se refleja en la forma en que los trabajadores describen su viaje. Los participantes en la reunión reflexionaron sobre el hecho de que muchos de los trabajadores H2A a los que organizan dicen: "Me llevaron", en lugar de "Vinimos", lo que revela una profunda sensación de coacción y falta de autonomía desde el principio. Una vez inscritos en el programa, los trabajadores se enfrentan rápidamente a la dura realidad económica: los salarios no suelen cubrir ni siquiera los gastos básicos de subsistencia. Como explica Lorenzo Rodríguez, del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) Cuando se dan cuenta de que la canasta básica está por las nubes, se dan cuenta de que lo que les están pagando tampoco les alcanza".
Recruitment firms and agribusinesses play central roles in managing this flow of labor under the H-2A program. However, as Lucas Benítez of the Coalition of Immokalee Workers (CIW) warned, “Antes había esclavos;ahora se ‘alquilan’ trabajadores” (“There used to be slaves;now workers are ‘rented’”), highlighting how the H-2A program commodifies and exploits migrant labor under a modern guise.
Retos para la supervisión eficaz del programa de visados H-2A
Marcos López of the UC Davis Labor and Community Center explained that the H-2A visa program suffers from inadequate oversight, a problem that spans from recruitment practices in Mexico to working conditions in the United States. He emphasized the lack of accountability in the system, noting:“Farmworkers holding H-2A visas face a variety of systemic abuses such as being unable to act on their rights regarding workplace and housing protections,” highlighting how broken promises continue to undermine worker protections.
Sarait Martínez y Yesica Guzmán del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño (CBDIO) pidieron leyes que obliguen a registrar formalmente a los reclutadores. Plantearon su preocupación por la falta de supervisión estatal, citando la escasez crónica de personal en organismos clave como el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) de California, que es responsable de supervisar el cumplimiento por parte de los empleadores de las prácticas de reclutamiento y contratación H-2A, y el Departamento de Relaciones Industriales (DIR), que hace cumplir las normas laborales y las protecciones en el lugar de trabajo para los trabajadores agrícolas. Martínez advirtió: "Sólo hay tres inspectores en todo el estado responsables de supervisar a unos 42.000 trabajadores H-2A, y los recortes presupuestarios de California amenazan con ampliar aún más esta brecha." Estas lagunas normativas suscitan preocupación por el aumento de las violaciones de las protecciones laborales y la falta de mecanismos para exigir responsabilidades a los empleadores.
Organizers across the attending organizations shared the need to build unity between local and H-2A workers. Juvenal Solano of MICOP warned, “Se usan amenazas de reemplazo por H-2A para frenar huelgas” (“Threats of replacing local workers with H-2A workers are used to stop strikes”), exposing how employers weaponize the program to undermine collective action. Similarly, Martínez shared an example:“Algunos empleadores traen a los trabajadores H-2A los fines de semana para evitar pagar horas extras” (“Some employers bring H-2A workers in on weekends to avoid paying overtime”), illustrating how such practices increase competition for hours among farmworkers already struggling to survive on low wages.
While NGOs have documented that housing provided independently from employers can safeguard worker autonomy, exploitation remains rampant. Erica Díaz from CAUSE further condemned policy rollbacks that have worsened living conditions:“Se modificaron políticas para permitir viviendas en zonas remotas sin servicios” (“Policies were changed to allow housing in remote areas without basic services”), further isolating workers from public service and regulatory oversight. As Inî Mendoza from Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) starkly described, “Las compañías hacen lo que quieran con los trabajadores. Cuando nosotros terminamos, ellos todavía están trabajando” (“The companies do whatever they want with the workers. When we finish, they’re still working”), revealing the excessive workloads and unchecked control employers hold over H-2A visa workers.
Política, defensa y resistencia
In Washington State, Edgar Franks of Familias Unidas por la Justicia (FUJ) spoke about the organization’s efforts to push for the creation of a tripartite H-2A committee made up of workers, employers, and state agencies. Franks shares that the H-2A Oversight Committee was ultimately established in response to the lack of sufficient oversight “at the local, state, or federal level.” Thanks to advocacy led by FUJ and allied groups, legislation was passed to form the committee, which includes four farmworker representatives, four industry or rancher representatives, and four state officials from agencies such as the Employment Security Department (ESD), Labor &Industries (L&I), and the Department of Health. These efforts not only address immediate gaps in accountability, but also lay the foundation for potential H-2A oversight structures in other states across the country.
Meanwhile, in Florida, Lucas Benítez of the Coalition of Immokalee Workers (CIW) highlighted the power of the CIW’s “Fair Food” model, which leverages market pressure on major buyers like Taco Bell to enforce basic labor standards. Their demands are straightforward but essential:clean drinking water, access to restrooms, and fair wages. Benítez shared that they are simultaneously advancing campaigns that go a step further, aligning with the broader goal of farmworker organizations across the country to “igualar salarios y derechos entre locales y trabajadores huéspedes” (“equalize wages and rights between local and guest workers”).
A nivel nacional, el periodista y activista David Bacon trazó un retroceso más amplio de las protecciones dirigidas a los trabajadores agrícolas. Expuso cómo, bajo la administración Trump, "Trump propuso congelar salarios y eliminar protecciones H-2A, lo que podría resultar en el despido de un millón de trabajadores, principalmente del campo". Hoy en día, tácticas menos abiertas, como las auditorías fiscales y las lagunas normativas, siguen intimidando a los trabajadores y reprimiendo los esfuerzos de organización.
Hacia una agenda binacional de justicia
La reunión concluyó con grupos de trabajo centrados en el avance de una visión compartida basada en la política pública, la organización de los trabajadores y la investigación aplicada. Los participantes expresaron la urgencia de reformas legales que impongan una supervisión estricta y el registro obligatorio de los reclutadores H-2A. Destacaron la necesidad de una inversión significativa en viviendas dignas e independientes que protejan la autonomía de los trabajadores, junto con sistemas de apoyo para fomentar la solidaridad entre los trabajadores locales y los del programa H-2A.
Basándose en modelos de eficacia probada como los de la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW) y Familias Unidas por la Justicia (FUJ), los asistentes insistieron en la necesidad de reproducir las estrategias de control y aplicación que han tenido éxito. También abogaron por vías equitativas de visado y residencia que reconozcan y protejan los derechos de los trabajadores actuales.
La reunión binacional concluyó con un compromiso compartido para abordar las injusticias profundamente arraigadas en el programa H-2A y amplificar las voces de los trabajadores agrícolas migrantes que sostienen nuestros sistemas alimentarios a ambos lados de la frontera.
