Por Sara Raquel Roschdi
Los días 6 y 7 de junio de 2025, el Centro Laboral de la UCLA reunió a defensores, académicos y organizadores en Los Ángeles para debatir las repercusiones del programa de trabajadores invitados H-2A en las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas a ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y México. Esta reunión binacional se centró en la exploración de estrategias para apoyar a los trabajadores agrícolas migrantes y luchar contra la explotación laboral incorporada en el programa de visados para trabajadores invitados H-2A.
Entender el contexto mexicano
El sitio programa de visados H-2Adiseñado para suministrar mano de obra agrícola temporal a Estados Unidos, depende en gran medida de la contratación en México, y San Quintín, Baja California, se perfila como un campo de entrenamiento clave para los trabajadores antes de entrar en el sistema laboral estadounidense. El Dr. Rubén Hernández-León inauguró la conferencia compartiendo los resultados de su investigación, señalando que muchos migrantes de estados como Guerrero, Michoacán, Guanajuato y Jalisco viajan a San Quintín con la esperanza de obtener finalmente un visado H-2A. Los trabajadores guatemaltecos también se ven cada vez más involucrados en este proceso. A pesar de su importancia, existe una falta significativa de datos sobre los orígenes geográficos precisos de los trabajadores H-2A.
Una visión sorprendente de la dinámica de poder de esta migración se refleja en la forma en que los trabajadores describen su viaje. Los participantes en la reunión reflexionaron sobre el hecho de que muchos de los trabajadores H2A a los que organizan dicen: "Me llevaron", en lugar de "Vinimos", lo que revela una profunda sensación de coacción y falta de autonomía desde el principio. Una vez inscritos en el programa, los trabajadores se enfrentan rápidamente a la dura realidad económica: los salarios no suelen cubrir ni siquiera los gastos básicos de subsistencia. Como explica Lorenzo Rodríguez, del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA) Cuando se dan cuenta de que la canasta básica está por las nubes, se dan cuenta de que lo que les están pagando tampoco les alcanza".
Las empresas de contratación y las agroindustrias desempeñan un papel fundamental en la gestión de este flujo de mano de obra en el marco del programa H-2A. Sin embargo, como señala Lucas Benítez, de la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW) advirtió: "Antes había esclavos; ahora se 'alquilan' trabajadores", poniendo de relieve cómo el programa H-2A mercantiliza y explota la mano de obra migrante bajo un disfraz moderno.
Retos para la supervisión eficaz del programa de visados H-2A
Marcos López, del Centro Laboral y Comunitario de UC Davis, explicó que el programa de visados H-2A adolece de una supervisión inadecuada, un problema que abarca desde las prácticas de contratación en México hasta las condiciones de trabajo en Estados Unidos. Hizo hincapié en la falta de responsabilidad del sistema: "Los trabajadores agrícolas titulares de visados H-2A se enfrentan a diversos abusos sistémicos, como la imposibilidad de hacer valer sus derechos en materia de protección del lugar de trabajo y la vivienda", destacando cómo las promesas incumplidas siguen socavando la protección de los trabajadores.
Sarait Martínez y Yesica Guzmán del Centro Binacional para el Desarrollo Indígena Oaxaqueño (CBDIO) pidieron leyes que obliguen a registrar formalmente a los reclutadores. Plantearon su preocupación por la falta de supervisión estatal, citando la escasez crónica de personal en organismos clave como el Departamento de Desarrollo del Empleo (EDD) de California, que es responsable de supervisar el cumplimiento por parte de los empleadores de las prácticas de reclutamiento y contratación H-2A, y el Departamento de Relaciones Industriales (DIR), que hace cumplir las normas laborales y las protecciones en el lugar de trabajo para los trabajadores agrícolas. Martínez advirtió: "Sólo hay tres inspectores en todo el estado responsables de supervisar a unos 42.000 trabajadores H-2A, y los recortes presupuestarios de California amenazan con ampliar aún más esta brecha." Estas lagunas normativas suscitan preocupación por el aumento de las violaciones de las protecciones laborales y la falta de mecanismos para exigir responsabilidades a los empleadores.
Los organizadores de las organizaciones asistentes compartieron la necesidad de construir la unidad entre los trabajadores locales y los H-2A. Juvenal Solano de MICOP advirtió: "Se usan amenazas de reemplazo por H-2A para frenar huelgas", exponiendo cómo los empleadores utilizan el programa como arma para socavar la acción colectiva. Del mismo modo, Martínez compartió un ejemplo: "Algunos empleadores traen a los trabajadores H-2A los fines de semana para evitar pagar horas extras", ilustrando cómo estas prácticas aumentan la competencia por las horas entre los trabajadores agrícolas que ya luchan por sobrevivir con salarios bajos.
Aunque las ONG han documentado que la vivienda proporcionada independientemente de los empleadores puede salvaguardar la autonomía de los trabajadores, la explotación sigue siendo rampante. Erica Díaz, de CAUSE, condenó además los retrocesos en las políticas que han empeorado las condiciones de vida: "Se modificaron políticas para permitir viviendas en zonas remotas sin servicios", aislando aún más a los trabajadores de los servicios públicos y de la supervisión normativa. Como señala Inî Mendoza, del Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB) Las compañías hacen lo que quieren con los trabajadores. Cuando nosotros terminamos, ellos todavía están trabajando". Cuando nosotros terminamos, ellos todavía están trabajando"), revelando la excesiva carga de trabajo y el control sin control que los empresarios ejercen sobre los trabajadores con visado H-2A.
Política, defensa y resistencia
En el Estado de Washington, Edgar Franks, de Familias Unidas por la Justicia (FUJ) habló sobre los esfuerzos de la organización para impulsar la creación de un comité tripartito H-2A formado por trabajadores, empleadores y agencias estatales. Franks comparte que el Comité de Supervisión H-2A se estableció en última instancia en respuesta a la falta de supervisión suficiente "a nivel local, estatal o federal". Gracias a la defensa liderada por FUJ y grupos aliados, se aprobó la legislación que incluye a cuatro representantes de los trabajadores agrícolas, cuatro representantes de la industria o de los ganaderos y cuatro funcionarios estatales de organismos como el Departamento de Seguridad en el Empleo (ESD), Trabajo e Industrias (L&I) y el Departamento de Salud. Estos esfuerzos no sólo abordan lagunas inmediatas en la rendición de cuentas, sino que también sientan las bases para posibles estructuras de supervisión H-2A en otros estados del país.
Mientras tanto, en Florida, Lucas Benítez, de la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW) destacó el poder de la campaña "Comida justa"que aprovecha la presión del mercado sobre grandes compradores como Taco Bell para hacer cumplir normas laborales básicas. Sus reivindicaciones son sencillas pero esenciales: agua potable, acceso a aseos y salarios justos. Benítez explicó que, al mismo tiempo, están llevando a cabo campañas que van un paso más allá, en consonancia con el objetivo más amplio de las organizaciones de trabajadores agrícolas de todo el país de "igualar salarios y derechos entre locales y trabajadores huéspedes".
A nivel nacional, el periodista y activista David Bacon trazó un retroceso más amplio de las protecciones dirigidas a los trabajadores agrícolas. Expuso cómo, bajo la administración Trump, "Trump propuso congelar salarios y eliminar protecciones H-2A, lo que podría resultar en el despido de un millón de trabajadores, principalmente del campo". Hoy en día, tácticas menos abiertas, como las auditorías fiscales y las lagunas normativas, siguen intimidando a los trabajadores y reprimiendo los esfuerzos de organización.
Hacia una agenda binacional de justicia
La reunión concluyó con grupos de trabajo centrados en el avance de una visión compartida basada en la política pública, la organización de los trabajadores y la investigación aplicada. Los participantes expresaron la urgencia de reformas legales que impongan una supervisión estricta y el registro obligatorio de los reclutadores H-2A. Destacaron la necesidad de una inversión significativa en viviendas dignas e independientes que protejan la autonomía de los trabajadores, junto con sistemas de apoyo para fomentar la solidaridad entre los trabajadores locales y los del programa H-2A.
Basándose en modelos de eficacia probada como los de la Coalición de Trabajadores de Immokalee (CIW) y Familias Unidas por la Justicia (FUJ), los asistentes insistieron en la necesidad de reproducir las estrategias de control y aplicación que han tenido éxito. También abogaron por vías equitativas de visado y residencia que reconozcan y protejan los derechos de los trabajadores actuales.
La reunión binacional concluyó con un compromiso compartido para abordar las injusticias profundamente arraigadas en el programa H-2A y amplificar las voces de los trabajadores agrícolas migrantes que sostienen nuestros sistemas alimentarios a ambos lados de la frontera.
