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16 de octubre de 2019
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La UCLA publica el primer estudio empírico detallado sobre el servicio comunitario ordenado por un tribunal
El servicio comunitario agrava los efectos de la deuda de la justicia penal mediante el trabajo forzoso
LOS ÁNGELES - Un nuevo informe del Centro Laboral de la UCLAuna unidad del Instituto de Investigación sobre Trabajo y Empleoy Noah Zatz, de la Facultad de Derecho de la UCLA(Centro Laboral de la UCLA, unidad del Instituto de Investigación sobre el Trabajo y el Empleo) y Noah Zatz, de la Facultad de Derecho de la UCLA. Trabajar, pagar o ir a la cárcel: El servicio comunitario impuesto por los tribunales de Los Ángeles es el primer estudio que analiza sistema a gran escala de servicios comunitarios por orden judicial en los Estados Unidos contemporáneos.
Según el informe, más de 100.000 personas del condado de Los Ángeles se inscriben cada año para realizar servicios comunitarios obligatorios, bajo la amenaza de los cobradores de deudas y el encarcelamiento. Al estar clasificados como voluntarios, los trabajadores no reciben salarios ni protecciones laborales frente a riesgos de seguridad, discriminación o acoso.
"El volumen de servicios comunitarios obligatorios es asombroso en el condado de Los Ángeles", dijo Lucero Herreraanalista principal de investigación del Centro Laboral de la UCLA y coautora del informe. "Estimamos que la gente realiza alrededor de 8 millones de horas de trabajo no remunerado y sin protección cada año. Y esto afecta desproporcionadamente a las comunidades marginadas de color".
El estudio concluye que los trabajadores se enfrentan a obstáculos generalizados para completar el servicio comunitario. Más de dos tercios de las personas del tribunal penal y aproximadamente dos de cada cinco del tribunal de tráfico no completaron sus horas a tiempo. Su incapacidad para terminar a menudo conducía a la detención, el encarcelamiento, la deuda y otras sanciones que el servicio comunitario ordenado por el tribunal se estableció para evitar.
"Es difícil para la gente completar sus horas además de su empleo habitual y sus responsabilidades familiares. Hay mucho miedo. Incluso las personas que han cometido infracciones de tráfico temen ser encarceladas por no cumplir su servicio comunitario", afirma Noah Zatzcatedrático de Derecho de la UCLA y coautor del informe. "Y si la gente consigue completar sus horas, el servicio comunitario sigue sin ser una alternativa a la deuda. Además de trabajar gratis, casi el 75% pagó tasas en el tribunal penal, el 40% en el tribunal de tráfico, y la gente incluso tiene que pagar a los centros de voluntariado antes de poder hacer el servicio comunitario."
Los investigadores calculan que los servicios a la comunidad suplantan anualmente 4.900 puestos de trabajo en el condado de Los Ángeles, sustituyendo 1.800 puestos sólo en el sector público. Las agencias gubernamentales reciben casi un tercio de los trabajadores de servicios a la comunidad, con la mayor parte en CalTrans, mientras que las organizaciones sin ánimo de lucro reciben dos tercios, siendo la mayor beneficiaria Goodwill Industries.
"Es importante reconocer que los servicios a la comunidad ordenados por un tribunal en realidad socavan la seguridad de todos los trabajadores, no sólo de los llamados voluntarios", afirmó Tia Koonsedirectora de investigación jurídica y política del Centro Laboral de la UCLA y coautora del informe. "Este sistema sustituye lo que podrían ser empleos decentemente remunerados y sindicados por mano de obra gratuita y desprotegida".
Los autores del informe recomiendan suprimir las amenazas de cárcel y deudas judiciales que obligan a la gente a realizar servicios comunitarios; ampliar las sanciones alternativas que no se basan en el trabajo forzoso y extractivo; y transformar los servicios comunitarios obligatorios punitivos en oportunidades económicas mediante trabajos remunerados.
El informe se basa en una lista de unas 5.000 personas obligadas a realizar servicios comunitarios en el condado de Los Ángeles. Los investigadores obtuvieron información más detallada sobre unos 600 de los casos legales subyacentes identificando y codificando los expedientes judiciales de una muestra representativa. Además, realizaron solicitudes de registros públicos, estudiaron la legislación y entrevistaron a trabajadores, defensores públicos, administradores de programas, supervisores de centros de trabajo y otras personas implicadas en el sistema de Los Ángeles.
Descargue el informe aquí: bit.ly/workpayjail
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