Este informe expone un problema sorprendente, pero desgraciadamente común, al que se enfrentan los trabajadores con salarios bajos en California y en todo el país. Los trabajadores cuyos empleadores no les han pagado se enfrentan a graves dificultades para recuperar los salarios que tanto les ha costado ganar, incluso después de que las autoridades estatales hayan fallado a favor de los trabajadores y hayan dictado una sentencia legalmente vinculante ordenando a los empleadores que paguen. Para un trabajador que ha perdido cientos, si no miles, de dólares en salarios impagados, ganar una sentencia es a menudo, en el mejor de los casos, una victoria vacía. Por otra parte, el impago o el pago insuficiente de los salarios sigue siendo generalizado en todo el país. Como reveló en 2008 una encuesta histórica sobre trabajadores con salarios bajos, el 26% de ellos cobraron menos del salario mínimo la semana anterior; el 76% de los que trabajaron más de 40 horas no cobraron las horas extraordinarias exigidas por ley. Más de dos tercios de los trabajadores con salarios bajos han sufrido al menos una infracción salarial en la semana anterior, lo que supone una pérdida media anual de 2.634 dólares.
La incapacidad de los trabajadores y de las autoridades estatales para hacer cumplir las sentencias y cobrar a empresarios sin escrúpulos tiene efectos generalizados. Los trabajadores que no pueden cobrar sus salarios impagados a sus empleadores -incluso después de iniciar un complicado proceso legal- a menudo no pueden poner comida en la mesa, pagar el alquiler o estar al día con sus facturas. Los trabajadores gastan menos y pueden depender en mayor medida de los programas de servicios sociales. El hecho de que los empresarios no paguen los salarios por un trabajo que les beneficia disminuye los ingresos fiscales de las administraciones locales y estatales, crea unas condiciones de competencia desleales en las que las empresas que respetan la ley no pueden competir y reduce el consumo en las economías locales. Además, el hecho de que los empresarios no paguen ni siquiera ante una sentencia judicial socava la fe en el funcionamiento básico de nuestro sistema jurídico y en el cumplimiento de las protecciones laborales de nuestro Estado. Por estas razones, varios estados de todo el país han promulgado, o están estudiando, medidas legislativas para proporcionar a los trabajadores herramientas adicionales para cobrar los salarios impagados.
Nuestro estudio se basa en una revisión exhaustiva de los registros publicados por la California Division of Labor Standards Enforcement (DLSE), la agencia encargada de hacer cumplir las leyes salariales de California. Nuestro análisis también se basa en entrevistas en profundidad realizadas en la primavera de 2013 a cincuenta trabajadores que han intentado cobrar sus salarios impagados por la vía legal en California.
Nuestras conclusiones, extraídas de una revisión exhaustiva y estadísticamente significativa de los datos de la DLSE, revelan que un porcentaje escandaloso de trabajadores no pueden recuperar sus salarios impagados en California. También revela que tanto los trabajadores como los funcionarios estatales carecen de herramientas legales suficientes para hacer cumplir la ley y recuperar los salarios impagados de los empleadores que aplican prácticas comerciales sin escrúpulos para evitar el pago. Como sugieren nuestras entrevistas, todos los trabajadores -ya presenten sus reclamaciones ante los tribunales o a través de agencias- se enfrentan a retos similares a la hora de recuperar sus salarios.
